¿Qué dice el informe de Bachelet?

EnContexto jul. 18, 2020

En su informe, la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH presentó al mundo lo verificado por su oficina en Venezuela respecto a la violación a los derechos humanos y el control del sistema judicial por pare del régimen de Nicolás Maduro

El 14 de julio, Michelle Bachelet, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un nuevo informe sobre la situación de Venezuela, en lo que respecta a la independencia del Poder Judicial, la violación de derechos económicos, sociales y, en especial, la violación a los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.

Para el informe, los representantes de Bachelet se entrevistaron con fiscales, jueces, abogados, académicos, periodistas, indígenas, defensores de derechos humanos, víctimas y testigos

Lo contenido en el informe de Bachelet desnuda ante el mundo el drama impuesto en el país caribeño por la dictadura de Nicolás Maduro -entre junio de 2019 y mayo de 2020- y fue discutido como Tema 4 en el 44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Independencia del sistema judicial

En la sección "II." del informe, ACNUDH expresa preocupación por la falta de independencia del Poder Judicial, la cual se manifiesta, principalmente, por la falta de titularidad de los jueces, la falta de transparencia en el proceso de su designación y la clara "presión política que se ejerce sobre ellos", con amenaza de despido si sentencian en contra del régimen chavista-madurista.

ACNUDH constató que, desde el 2002, en Venezuela no se organiza un concurso de nombramiento de jueces titulares

No es un secreto cómo el régimen de Maduro controla y usa el sistema judicial -en especial el sistema penal- para perseguir a aquellos que desafíen su poder ejerciendo derechos políticos como el de la protesta o militancia, tal manejo del sistema penal también fue abordado en el informe, el cual explica que, de acuerdo a entrevistas realizadas, los jueces que conocen de causas de relevancia política, esperan las indicaciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (también controlado por Maduro) para sentenciar y así evitar despidos u otras retaliaciones.

El salario mensual de un juez es de aproximadamente 30 dólares, lo que aumenta el riesgo de corrupción

En su informe, la oficina de Bachelet en Caracas explica cómo la composición actual del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) representa otro factor que impide la independencia de poderes. Y es que la elección de los 13 magistrados la hizo la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) -partido de Mauro- ejercía los últimos momentos de su mayoría en la cámara. En enero del año siguiente la oposición asumiría las 2/3 partes del Legislativo.

Los magistrados del TSJ:

"Algunos de los cuales habían ocupado cargos en el poder ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder. Según la información recibida, la mayoría no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución para ser magistrados", dice el informe.

Según el propio informe, "entre diciembre de 2015 y mayo de 2020, el Tribunal pronunció 127 sentencias que invalidaban decisiones de la Asamblea Nacional..." y "desde marzo de 2017, el TSJ ha retirado la inmunidad a 29 asambleístas de la oposición sin seguir el procedimiento dispuesto en la Constitución y sin el proceso debido".

Juan Guaidó, presidente (E) de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional. Militares de Maduro impiden su acceso al Legislativo para que no pueda presentar su reelección a la presidencia de la cámara. Foto: RTVE.ES

La legitimidad del régimen de Maduro mancha todo el sistema y así lo refirió el informe de Bachelet al cuestionar la legalidad de la designación de Tarek William Saab como Fiscal General: "El Fiscal General actual fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente (de Maduro) siguiendo un procedimiento que no respeta las disposiciones constitucionales".

Luisa Ortega Díaz, desde el exilio, es la fiscal General reconocida por la Asamblea Nacional liderada por el presidente (E) Juan Guaidó

El contenido del informa, calificado como "demoledor" para el régimen venezolano, también destaca los retardos procesales en las causas iniciadas por violación a derechos humanos en el marco de las protestas, debido a un "elevado índice de rotación de los fiscales y jueces". Sobre los detenidos por cuestiones políticas se afirma ejecución de torturas:

"En los casos documentados se hacía referencia a fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales."
"El ACNUDH ha recibido informes en los que se denuncia que, en algunos casos, los médicos que atendieron a los detenidos emitieron certificados falsos o inexactos en los que no figuraban los signos de tortura."

Sobre la violación a los derechos sociales y económicos en Venezuela, el informe resalta la falta de transparencia y acceso a indicadores sociales y económicos que permitan verificar el cumplimiento, en este caso de la casta madurista, de las obligaciones que deben cumplir por detentar el poder.

Situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco

El Arco Minero del Orinoco no es sólo una amenaza para el Estado de derecho en Venezuela. También es un riesgo latente que atenta contra la estabilidad de toda la región y el medio ambiente. Imagen: REUTERS

El informe expuesto por Bachelet destaca la crítica situación en la que viven los mineros de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco" (AMO), creada por decreto en febrero de 2016. Aunado a la falta de datos aportados por el régimen de Nicolás Maduro que permitan contrastar los avances en materia de resguardo a los habitantes.

En este sentido se revela que el control esta en manos de criminales que no responden ante ninguna autoridad, a pesar de la presencia de militares.

"Diversos testimonios documentados por el ACNUDH indican que los niveles alcanzados por la explotación de la mano de obra, el tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales"

El informe indica que los hombres que cometen estos delitos son llamados "sindicatos" y aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos mismos imponen. Además, logran beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, a través de la extorsión a cambio de protección y resguardo de la integridad.

Uno de los puntos álgidos del informe es la recopilación de datos que confirman la muerte de 149 ciudadanos como resultado de disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por grupos criminales, que incluyeron palizas, amputaciones de manos y hasta asesinatos.

Sobre la situación de vulnerabilidad de los mineros, el documentos indica que "la mayoría de los mineros acampanen los márgenes de las zonas mineras, donde improvisan refugios con lonas de plástico y tablas de madera", sin condiciones sanitaria mínimas. Por lo que "no disponen de servicios de agua ni de instalaciones sanitarias, y no están conectados a la red eléctrica".

Además, el informe denuncia condiciones laborales que asemejan el estado de esclavitud para los trabajadores. En este sentido, se detalla que los mineros trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección corporal, y están obligados a pagar entre el 10% y el 20% de lo que obtienen a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30% para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.

La crisis sanitaria también se agudiza y es frecuente encontrar brotes sanitarios en la población.

"Los estanques de acumulación de agua estancada y contaminada como resultado de la actividad minera se han convertido en focos palúdicos, así como en vectores de diversas enfermedades de la piel. Exmineros entrevistados por el ACNUDH declararon haber contraído el paludismo cuando vivían en el AMO".

Pueblos indígenas

El último punto que expresa el informe presentado por Bachelet aborda la crisis que atraviesan los pueblos indígenas que conviven en Amazonas y Bolívar. Además de ser afectados directamente por el Arco Minero.

"Los pueblos indígenas informaron al ACNUDH acerca del aumento de la violencia y los actos de intimidación desde 2018. La presencia de unidades militares, bandas criminales y elementos armados menoscaba por lo general la paz y la seguridad en sus comunidades"

Además, la poca delimitación territorial fronteriza afecta de manera directa a las comunidades indígenas, por no contar con resguardo seguro.

Los grupos armados también practican la extorsión y a menudo controlan la circulación de suministros esenciales. Miembros de comunidades indígenas informaron al ACNUDH de que estos grupos les imponían un pago en oro para obtener bienes y servicios esenciales, como combustible y medicamentos

La administración de la justicia a través de tribunales equilibrados, independientes y avalados en Venezuela, es uno de los puntos que concluye el más reciente informe de Venezuela, lo que representa un grave problema en la crisis humanitaria compleja que hoy protagonizan los venezolanos.

Redacción

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