Fernández: expropiar o intervenir

EnContexto jun. 21, 2020

Antecedentes

Vicentin, una empresa familiar argentina de longeva trayectoria, constituye un conglomerado de aproximadamente 30 empresas radicadas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Actualmente enfrenta graves problemas financieros y se encuentra en un proceso judicial de concurso de acreedores debido a una deuda que asciende a 350 millones de dólares. Uno de sus acreedor es el Estado a través de entidades financieras.

Su principal actividad es la producción y distribución de granos.

Una de las razones por las cuales la empresa se enfrenta a un déficit, además de un manejo cuestionado, se debe a la proyección de expansión en los últimos años mediante solicitud de créditos en dólares tomados en el mercado financiero local e internacional. Ciertos factores económicos en la nación suramericana se vieron desestablizados por el cambio de gobierno, ocasionando inconsistencia en las tasas de interés bancarios.

Concurso preventivo

Un concurso de acreedores es conocido en el ámbito jurídico como un procedimiento judicial para repartir los haberes de un deudor al pago de sus acreedores.

En el caso del Grupo Vicentin, Vaiser, L. (2020) señala que:

Es uniforme la doctrina y la jurisprudencia interna, tanto como el Derecho comparado, en el sentido de que el concurso preventivo lleva por finalidad satisfacer los créditos del que ha caído en cesación de pagos y rescatar a las empresas viables, en razón de sus fuentes de empleo y su importancia en el desarrollo económico de las naciones.

Ahondando aún más en el proceso actual en el que se encuentra la empresa, la autora, detalla:

En el proceso concursal de Vicentin SA, se encuentra corriendo en este momento el plazo para que los acreedores de la firma se presenten a verificar sus créditos, es decir en una embrionaria fase del período informativo que vence el 26 de agosto del corriente año. De modo que todavía no es posible establecer las magnitudes económicas que se desprenden del caso, habida cuenta de que no se encuentra establecido el valor patrimonial de la empresa, ni los créditos que integran su pasivo.

Anuncio de intervención y expropiación

El 8 de junio, el presidente Alberto Fernández comunicó la intención de su administración de proceder con la expropiación de la empresa, para lo que anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso para hacerla efectiva calificando a Vicentin de "utilidad pública".

Fernández no sólo anunció su intención de proceder con la expropiación, también avanzó en la intervención mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU Nº 522/2020), el cual establece:

La intervención transitoria de la empresa Vicentin SAIC por un plazo de 60 días a fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio.

El anuncio de expropiación encendió las alarmas en el país y la oposición calificó el decreto de intervención como "inconstitucional" e "ilegal" por atentar contra el derecho a la propiedad privada. El Ejecutivo no sólo iba a proceder con la expropiación (la cual requiere la aprobación del Congreso), también avanzaría con la intervención de forma inmediata "por un plazo de 60 días" mediante un decreto presidencial.

El Poder Judicial tiene algo que decir

El viernes 19 de junio, el Juez que lleva el procedimiento de concurso de acreedores se pronunció sobre la Junta Directiva de Vicentin, restituyendo en funciones al grupo original y desplazando a los interventores impuestos por Fernández a través del DNU. A pesar de que el tribunal no se pronunció sobre la constiucionalidad del decreto, su sentencia representó un revés importante en el plan del Gobierno de hacerse con los activos de la empresa.

El juez del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien lleva el concurso preventivo de la empresa Vicentin, falló a favor de su Junta Directiva original. La empresa agroexportadora centra la atención del país por la intención del Gobierno de Alberto Fernández de declararla de "utilidad pública" para proceder con su expropiación. (enpolitica, 2020)

En el fallo, se calificó a los interventores de Fernández como "veedores controladores" sin potestad de intervenir en las decisiones del órgano de administración.

La propuesta "superadora"

Ante las manifestaciones y los obstáculos, Fernández busca otro camino: la intervención sin expropiación.

Todo político cuenta con un asesor que le ayuda a medir y pesar el costo de sus decisiones. Normalmente, uno de los estandartes fundamentales en contra de los planes concebidos por una persona en el ejercicio de un cargo en la Administración Pública es la protesta y la participación ciudadana. Otro de ellos es el factor sorpresa: todos aquellos movimientos y acontecimientos que no fueron previstos y representan, en una democracia, un verdadero muro de contención.

Así, ante la respuesta de los argentinos y la decisión del Juez -aunado a las posibles complicaciones en la Cámara de Diputados- el gobernador de la provincia de Santa Fé, Omar Perotti, anunció la propuesta "superadora" aprobada por el propio Alberto Fernández: dar marcha atrás a la expropiación de Vicentin a cambio de que se permita su intervención.

Inmediatamente, propietarios y miembros de la sociedad civil, rechazaron la propuesta y alertaron que el Gobierno busca imponer su voluntad burlando la sentencia del Poder Judicial.

Alberto Fernández:

Si el juez dice que no, estaríamos obligados a expropiar la empresa.

La respuesta fue inmediata: en medio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19 (aún vigente en algunas localidades del país) y cuando Argentina celebraba el Día de la Bandera nacional, la oposición se volcó a las calles para manifestar en contra de la intervención o expropiación de Vicentin.


Lea también: Oposición argentina se moviliza en contra de la intervención o expropiación de Vicentin


Obstáculos en el Congreso

Ya el Presidente anunció que si no se permitía la intervención de la agroexportadora, iba a avanzar con su expropiación mediante un proyecto de ley que, necesariamente, debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.

El Gobierno cuenta con el apoyo suficiente en Cámara de Senadores. Sin embargo, requiere apoyo mayor en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos, coalición oficialista, estará en una carrera de velocidad para conseguir los 11 diputados que le hacen falta para lograr el quórum e iniciar las sesiones que lleven a la votación.

Claro está que la oposición, que tilda al anuncio de intervención y expropiación como ilegal e inconstitucional, dará la batalla para que el proyecto de expropiación, una vez sea presentado en el Legislativo, no sea aprobado.


¿Cree usted que Vicentin saldrá airosa de esta controversia? o por el contrario, ¿La política una vez más conseguirá abrirse paso con nuevos artilugios ante los obstáculos?

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